Papelito habla

17.01.2018

Por: Salma Alejandra Vera Balderas                                                                                                                                                                                                                                                 A dos meses de ocurrido el terremoto del 19 de septiembre del 2017, un número considerable de escuelas públicas de la Ciudad de México, no contaban con el dictamen que les permitiera regresar a clases. Algunas más se encontraban a la espera de que las autoridades correspondientes, decidieran la demolición de aquéllas con daños severos. En otros casos, recibieron recursos para reconstruir o hacer reparaciones, que resultaba insuficiente.

Algo que llama la atención, es la diferencia entre las escuelas oficiales y las particulares; mientras éstas últimas reanudaron clases rápidamente, las públicas continúan en crisis. ¿Qué fue lo que pasó?, ¿cómo resolvieron las privadas la obtención del dictamen que avalaba la seguridad de los alumnos?

El semáforo de seguridad estructural

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades educativas después del sismo, todos los centros escolares debían contar con un dictamen gratuito de seguridad estructural. Éste debe estar exhibido en las puertas de las escuelas, como garante para la reanudación de clases. Los encargados de recorrer y revisar las instalaciones son los Directores Responsables de Obra (DRO), quienes verifican si existen daños estructurales, grietas o fracturas en los muros de carga. Después del recorrido se determina en qué situación se encuentra el aula.

Según el semáforo que estableció el Gobierno de la Ciudad de México para catalogar inmuebles con daños( https://889noticias.mx/noticias/establecen-semaforo-para-catalogar-danos-en-inmuebles/ ) el color verde especifica que después de la revisión no se encontraron grietas ni daño estructural, por tanto la escuela es apta para reabrirse. El semáforo en amarillo indica que se encontraron daños como agrietamientos, por lo cual debe hacerse una revisión más y no pueden reanudarse labores hasta que eso ocurra. El semáforo en color rojo significa que se localizaron grietas o rupturas en la estructura o muros de carga, por lo cual las instalaciones deben permanecer cerradas de manera indefinida, hasta que se revise más a fondo para dictaminar si el edificio debe ser derrumbado o no.

En caso de obtener semáforo verde, se debe expedir un dictamen de seguridad estructural gratuito, por un Director Responsable de Obra, en el que se detalle el estado de la escuela, especificando si existen daños en instalaciones eléctricas, derrumbes o si hay daños en cimentación.

Al director de la escuela se le entrega una copia del dictamen y el original es mandado a la SEDUVI, que ésta a su vez, notifica a la SEP que la escuela puede reanudar labores. En el caso de que las escuelas realicen dictámenes particulares, estos tienen que ser avalados por el gobierno de la Ciudad de México.

Este es el proceso formal para la revisión de la infraestructura escolar post sismo. Veamos ahora qué fue lo que ocurrió. A partir del relato de una madre de familia y una maestra, en las siguientes líneas doy cuenta de la forma en que dos escuelas particulares, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, obtuvieron el dictamen del DRO.

Con dinero baila.......el dictamen

El jardín de niños "La casita de los niños", se encuentra ubicado en la colonia Torres de Potrero. Las instalaciones constan de dos pisos, es una escuela pequeña, con un grupo por grado, desde maternal hasta kinder 3. En el primer piso se ubican los salones de kinder 2, kinder 3 y de danza; en el segundo, se encuentran maternal y kinder 1.

El día que ocurrió el sismo, los alumnos se encontraban en clases; gracias a la actuación oportuna del personal docente, no hubo contratiempos, todos los menores salieron de las aulas y fueron ubicados en el patio. Las maestras se encargaron de calmarlos y mantenerlos ordenados, hasta que los padres de familia llegaron a recogerlos. Como ocurrió en muchos planteles, por seguridad, no se les permitió pasar a ningún salón a recoger las pertenencias de sus hijos.

Dos días después de la contingencia sísmica, las maestras notificaron a los padres de familia que la escuela aún no retomaría las clases, debido a que no se había realizado ningún dictamen por Protección Civil. Se mandaron tareas a los pequeños por medio de whattsapp para que no se retrasaran (¡¡sic!!).

Posteriormente, la directora comunicó a los profesores que el dictamen tardaría en realizarse; aseguró que en Protección Civil le dieron un plazo de año y medio para realizar el recorrido correspondiente, revisar las instalaciones y emitir el dictamen. Por tal motivo, decidió pagar a un arquitecto de forma externa. Fue así como en unos días, obtuvo el dictamen en verde, mismo que directamente llevó a la SEP, con el fin de acelerar el proceso.

Al cabo de dos semanas sin clases, la directora del plantel convocó a junta de padres de familia, se les dio un recorrido por las instalaciones, mostrando las fisuras y daños. En dicha junta, los padres de familia, maestras y la directora, concluyeron que la escuela era segura y se repararían los daños solo resanando. Las maestras invitaron a los padres a llevar a los pequeños a clases; el lunes primero de octubre éstas se reanudaron las actividades.

La siguiente imagen, corresponde al dictamen gratuito de seguridad estructural, donde dice claramente que la escuela no presentó daños graves. Puede leerse también, que está firmado por un ingeniero, no por un arquitecto.

El que paga manda

El segundo caso es el del Centro Educativo Olivar, S.C., ubicado en la colonia Progreso Tizapán. Esta escuela, que ofrece el servicio de maternal, preescolar y primaria, cuenta con un total de 80 alumnos y una plantilla integrada por 12 docentes, más la directora, una secretaria y una persona de intendencia.

Previo a los hechos ocurridos el 19 de septiembre de 2017, los maestros habían recibido frecuentemente, cursos de Protección Civil. Cada mes se realizaba un simulacro para saber qué hacer y cómo actuar en caso de sismo o incendio. La escuela cuenta con un punto de reunión ubicado en el centro del patio en donde ubican a los menores.

El día del sismo, los alumnos se encontraban en clases, al sentir el temblor la maestra de maternal evacuó a los pequeños antes de que sonara la alarma sísmica. Un grupo de 4 niños se encontraba en el segundo piso, y el personal de intendencia, al sentir el temblor, asistió a la profesora para poder bajar a los 4 pequeños. Atrás de ellos bajó kínder 2 y kínder 3, posteriormente salieron los grupos de primaria.

En el punto de reunión, los maestros realizaron las actividades que ya se habían puesto en práctica en los simulacros anteriores, formando una valla alrededor de los pequeños. Después de unos minutos, al observar que los alumnos de primaria comenzaban a ponerse nerviosos, la directora les indicó a los maestros que realizarán actividades para calmarlos, prohibiendo la entrada a los salones de clase.

Pasado el movimiento telúrico, la directora del plantel, junto con un maestro y la secretaria, realizaron un recorrido para verificar que no hubiera daños mayores. Más tarde, los padres de familia fueron llegando por sus hijos; en ese momento, se les notificó que las clases estarían suspendidas hasta nuevo aviso.

Al día siguiente, la directora del plantel contactó con la delegación Álvaro Obregón, y con Protección Civil que, como ya se dijo antes, impartía cursos y visitaba frecuentemente a la escuela, para solicitar se realizara el dictamen correspondiente.

Los alumnos se mantuvieron sin clases, a la espera de que llegaran las autoridades correspondientes a revisar el centro escolar. Pero los padres de familia, inconformes y descontentos con la situación, comenzaron a generar otra crisis; la población estaba dividida, algunos padres no aprobaban que sus hijos continuaran sin clases, otros se mantuvieron neutrales.

Los padres enfadados, argumentaban que: "pagamos para que nos cuiden a nuestros hijos". Algunos amenazaron con que "si no se reanudan las clases lo cambiaré de escuela"; no faltaron quienes reclamaron la devolución del dinero que habían pagado por concepto de la colegiatura. Las maestras, al ver el descontento, continuaban mandando tareas, ofrecían seguir apoyando y orientando a los alumnos mayores, por medio de las redes sociales.

La escuela permaneció cerrada una semana con dos días. Cuando por fin acudió Protección Civil, dictaminó que la escuela no había sufrido daño alguno y que ya podía reanudar actividades regularmente. El 29 de septiembre se invitó a los padres de familia para que, junto con sus pequeños, recorrieran las instalaciones y verificaran que la escuela no tenía grietas ni afectaciones. La matrícula no disminuyó y ese mismo día se reanudaron las clases.

La imagen siguiente, corresponde al dictamen gratuito, donde se especifica que la escuela no tuvo daños.

¿Qué hubo detrás de los dictámenes?

Los dos casos descritos, evidencian varios asuntos interesantes. Uno es la forma en que la educación privada, resuelve este tipo de contingencias, con tal de no perder ganancias ni clientela; de igual forma, los padres asumen que como pagan, tienen derecho a exigir un servicio, sin importar que esté de por medio la seguridad de sus hijos. Estas parecen ser las dos caras de una misma moneda.

Otro tema es la facilidad y sobre todo, la rapidez con la que algunas escuelas, pudieron obtener el dictamen. ¿Cuántas formas y modalidades de corrupción no habrán surgido para lucrar con la desgracia? No lo sabemos a ciencia cierta.

Finalmente, queda la duda de si estamos preparados para enfrentar contingencias como el sismo del 19 de septiembre. ¿Por qué algunas escuelas realizan regularmente simulacros, y reciben capacitaciones sobre protocolos de seguridad, mientras otras no? Detrás de esta diversidad de situaciones, habría que preguntarse si existe un programa de protección civil, actualizado y pertinente, para desastres como el ocurrido el 19S.  

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